es la estrategia, incluida en el paradigma GED, que reclama la transversalización de la equidad no sólo en cualquier actuación de cooperación al desarrollo, sino también en el seno de las organizaciones que las promoverán, en tanto que estas producen y reproducen desigualdades. Una de las críticas que se hace a este paradigma es el hecho de diluir las responsabilidades de las diferentes áreas a la hora de incorporar la perspectiva de género en sus acciones. Fruto de la incorporación del mainstreaming de género, el género se ha incorporado como categoría técnica «obligada», olvidando su aspecto de incidencia política.