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L’any passat, ara fa un any, una delegació catalana va visitar Buenaventura, ciutat portuària de la costa del Pacífic colombià que supera tots els índexs del país en violència i vulneracions de drets humans. Diversos actors colombians acusen la filial de l’empresa Grup TCB d’estar implicada en la vulneració dels drets humans a la ciutat. D’aquella visita en va sortir un informe i el posterior treball d’incidència política del Grup de treball d’Empreses i drets humans de Lafede.cat i la Taula per Colòmbia per a crear el Centre d’Avaluació de l’Acció de les Empreses Catalanes a l’Exterior per vetllar pel respecte als drets humans. Aquest centre està aprovat per unanimitat pel Parlament i el Govern té una proposta de model a l’espera d’iniciar la seva execució. Arran dels darrers incidents de violència a Buenaventura, Lafede.cat dóna suport i se suma al comunicat de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i l’Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO).
Foto: elespectador (de Contagi radio).
COMUNICAT.- La Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y la Oficina Internacional para los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) expresan su preocupación sobre las denuncias de violencia ejercida contra los y las manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos por parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) durante el paro cívico en Buenaventura y por amenazas y otras actuaciones violentas por parte de grupos paramilitares. Asimismo, reiteran su preocupación por las amenazas, atentados y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia y hacen un llamado para que se garantice su seguridad.
El 19 de mayo, después de tres días de manifestaciones pacíficas en el marco del paro cívico convocado por 83 organizaciones sociales en la ciudad portuaria de Buenaventura, tuvieron lugar una serie de acciones represivas por parte del ESMAD y algunos efectivos de la Policía colombiana.
Estos hechos dieron pie a posteriores disturbios en la ciudad. Después de una semana de protestas se ha informado sobre 80 personas detenidas y 11 heridos.
La Taula y Oidhaco igualmente han tenido conocimiento de amenazas y ataques perpetrados durante la pasada semana contra los participantes en el paro cívico en Buenaventura y contra el movimiento campesino en distintos puntos del territorio colombiano. El 14 de mayo fue asesinado en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, el líder sindical Mario Andrés Calle Correa presidente de la Asociación de Trabajadores Campesino del Valle del Cauca – Subdirectiva Guacarí y miembro del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y el 18 de mayo, dos desconocidos dispararon y mataron al líder sindical y político Álvaro Arturo Tenorio Cabezas en el pueblo de Magüi Payán, Nariño. Arturo Tenorio formaba parte del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Nariño y de otras organizaciones del movimiento campesino[8].
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, denunció que al menos 41 activistas han sido asesinados en Colombia en el 2017 hasta el 1 de mayo 2017. Esto significa otra vez un aumento comparado con el año anterior.
Estos casos son un ejemplo más de los obstáculos que enfrentan algunos colectivos de personas en Colombia ante el libre ejercicio de sus derechos de expresión y manifestación. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Oidhaco y la Taula reiteran su preocupación ante los múltiples casos de vulneración de los derechos humanos y urge a las autoridades colombianas y a la Comunidad Internacional que apoye instando al Estado a:
- Investigar los abusos cometidos por parte de las diferentes entidades de la Fuerza Pública en el marco de las protestas y que se impongan sanciones disciplinarias y penales a los responsables.
- Garantizar el derecho a la libre manifestación y a reconocer públicamente la legitimidad de las manifestaciones y el trabajo de los movimientos sociales y sus líderes.
- Implementar políticas públicas y las reformas necesarias a la Fuerza Pública para prevenir este tipo de violaciones en el futuro, en particular avanzar en la construcción con la participación de las organizaciones de la sociedad civil de un protocolo que regule el actuar de la Fuerza Pública en la protesta social.
- Investigar las agresiones a los líderes sociales, sindicalistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos y ambientalistas en su contexto y llevar los responsables materiales e intelectuales a juicio e imponerles sanciones efectivas.
- Implementar las garantías de seguridad y protección, entre otras las que están previstas en el Acuerdo de Paz en el punto 2 y el punto 3, como por ejemplo la puesta en marcha efectiva de la Comisión Nacional de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y otras medidas para combatir el paramilitarismo.
Foto: José Miguel Vivancos (Twitter)