Durante los últimos días diferentes líderes políticos han viajado a Ceuta para hacer declaraciones y alimentar el relato de colapso o invasión en la frontera sur. Han apelado a la cooperación y la ayuda internacional como fórmulas para evitar la llegada de migrantes. Lafede.cat, Stop Mare Mortum i Open Arms, como organizaciones y plataformas de cooperación y defensa de los derechos humanos publican hoy un comunicado para denunciar que se está haciendo un uso partidista y mediático de las migraciones. Piden rigor y responsabilidada a los líderes políticos y los periodistas. 
Foto: Sergi Camara
Más recursos y menos discursos irresponsables. Basta de alarmismo y sensacionalismo con la immigración durante el verano.
Los responsables de la Organización Internacional para las Migraciones-OIM y de ACNUR han confirmado que en Europa no hay ninguna «crisis migratoria» sino una crisis política «alimentada por la narrativa tóxica» de los que se esfuerzan en transmitir que la migración está fuera de control. Todas las cifras desmienten la supuesta «avalancha». Desde los años 60, el porcentaje de personas que migran es estable, alrededor del 3% de la población mundial y los refugiados no llegan al 8% de los migrantes en todo el mundo. En la Unión Europea suponen un 0,4% de los 508 millones de habitantes.
Las migraciones son un problema si se busca que lo sean, si se gestionan mal y se explican peor. Las llegadas por mar y tierra a nuestras fronteras se convierten en foco informativo cuando la agenda política nacional se relaja. El verano pasado el ex ministro Juan Ignacio Zoido ya rozó las líneas de lo éticamente aceptable al insinuar que las ONG favorecían la inmigración «irregular». Meses después, hemos visto cómo esta particular manera de retorcer la realidad tiene consecuencias legales y concretas en activistas como Helena Maleno o la ONG Proactiva Open Arms. Este fin de semana Pablo Casado, presidente del PP, y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, han utilizado la expresión «efecto llamada» para hablar de la acogida del Aquarius y las llegadas por el sur de España. Esta expresión no es nueva, ya la utilizó el ex ministro de interior del PP Alberto Fernández Díaz en 2015 ante el aumento de llegadas a Grecia por vía marítima. Este año, sin embargo, las cifras hablan por sí solas: las llegadas se han reducido a la mitad en relación al año pasado en el conjunto de la UE. Llega mucha menos gente pero muere mucha más en el mar.
España es la ruta más corta y eso, junto a las medidas políticas adoptadas hasta ahora por la UE, por Italia y Malta. sumado al cierre de la ruta griega con el acuerdo UE-Turquía y al conflicto del Rif, han convertido la frontera sur en la principal vía de entrada. Aunque la situación en nuestras fronteras no tiene ni punto de comparación con la de otros países del sur, que asumen el 80% de personas desplazadas del mundo, esta situación se podría haber previsto y haber dotado, en consecuencia, de más apoyo y recursos a Ceuta, Melilla y las costas andaluzas para dar una mejor respuesta.
Muchos dirigentes políticos hablan de cooperación como la respuesta a lo que está pasando. Lo hacen de una manera profundamente hipócrita porque son los mismos que han reducido el presupuesto de cooperación y de ayuda humanitaria a niveles vergonzosos y, además, han desviado los fondos para fortalecer el control de fronteras. España es el país de la OCDE que más ha recortado en ayuda al desarrollo hasta situarla en el 0,20% de la Renta Nacional Bruta.
La UE tiene la capacidad y el deber, establecido por el derecho internacional, de absorber y acoger los flujos migratorios actuales. El único problema real es que los responsables políticos de la UE y sus estados miembro no quieren asumir su responsabilidad respecto a las causas de las migraciones y los desplazamientos de población, y actuar en consecuencia. Esto ha convertido a las fronteras en espacios de impunidad donde se vulneran los derechos humanos, y a la ciudadanía europea en cómplice de los crímenes que se cometen.
Por estas razones pedimos:
– A todos los responsables políticos que no utilicen la migración en sus batallas políticas y no alimenten con fines electoralistas el discurso xenófobo, mediante argumentos y datos tergiversados que no responden a la realidad. Ante las declaraciones de Casado -en la que hace referencia a que el Estado del bienestar no puede dar papeles a todos, ni asumir la llegada de «millones de africanos»- le recomendamos que revise los datos de porcentajes de migrantes y refugiados africanos respecto al global. Queremos recordarle que la migración forma parte de la historia y la evolución humana, y que migrar es un derecho que los estados deben garantizar sin excepciones.
A menudo se habla de «buenismo» para deslegitimar a las organizaciones sociales, que clamamos por una acogida digna. El cumplimiento de los derechos humanos no es, afortunadamente, una cuestión de bondad ni de caridad, sino la exigencia de un cuerpo normativo internacional que tiene como último fin proteger el derecho a la vida. Pedimos una nueva lógica de relación con los flujos migratorios, donde las políticas migratorias no se utilicen como herramientas securitarias y represivas de control fronterizo. Exigimos a las instituciones europeas más corresponsabilidad y coordinación en la política migratoria, en la línea de garantizar vías legales y seguras para preservar la dignidad, y evitar las muertes y el sufrimiento en ruta. Es necesario además poner en valor las aportaciones culturales y económicas de los migrantes.
– Al gobierno de Pedro Sánchez le recordamos que se ha comprometido a retirar las concertinas y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado al Estado por las ‘devoluciones en caliente’, práctica que también debería eliminarse. También los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Igualmente pedimos más recursos para los dispositivos de asistencia en frontera, y los de acogida de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, y la derogación de la Ley de Extranjería.
En el mismo sentido le recordamos que esperamos un plan de acción para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Estado a cumplir con los compromisos europeos en materia migratoria de acoger a las 19.449 personas, de las cuáles sólo han llegado 1.359.
Solicitamos además más recursos para la cooperación internacional, y una política digna de tal nombre, y que se deje de criminalizar organizaciones y movimientos sociales que apoyan a los migrantes.
– Finalmente, a los periodistas les instamos a actuar con responsabilidad en el tratamiento de las migraciones, y les pedimos que no caigan en narrativas simplistas (de víctima o amenaza), ni sean correa de transmisión de los discursos oficiales, usando un lenguaje alarmista (como avalancha, invasión, asalto etc.) que ni ayudan a entender la complejidad del fenómeno, ni facilitan la convivencia en nuestros barrios y ciudades. Les emplazamos a dirigirse a las asociaciones y colectivos de personas migrantes para contrastar sus informaciones.
En un mundo globalizado, nuestras sociedades son su reflejo, diversas y globales, y se necesitan políticas y políticos responsables y a la altura de este momento histórico para avanzar y no retroceder en el horizonte de un mundo mejor para todos.