Lafede.cat se suma a un comunicado conjunto de coordinadoras de ONG, federaciones i redes, y más de 40 organizaciones sociales para denunciar la afectación de la pandemia sobre las comunidades indígenas i la inacción de sus gobiernos, así como exigir a las autoridades del Estado español y las comunidades autónomas que desplieguen sus activos diplomáticos y refuerzan su cooperación. La Covid-19 ha provocado más de 500 muertes y más de 2.200 contagios.
Foto: Funeral indígena a Manaos, Brasil. Raphael Alves / EFE
Comunicado: Pandemia, derechos y pueblos indígenas
Las organizaciones de solidaridad y cooperación internacional abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la denominada pandemia de la COVID-19.
En las últimas semanas diferentes medios de comunicación están recogiendo múltiples noticias sobre esta situación en América Latina y la afección especialmente grave que se da en el caso de los pueblos indígenas. En esta misma línea confirmamos que diariamente a las organizaciones nos llegan informaciones que multiplican y profundizan aquellas que dan los medios: la situación es mucho más grave.
Desde la cooperación y solidaridad lo hemos mantenido siempre. El trabajo con los pueblos indígenas tiene unas especificidades que van más allá del hecho de no ser únicamente colectivos sociales con tal y cual característica que les diferencia del resto. Como pueblos poseen derechos individuales y derechos colectivos y hemos defendido siempre que esta situación es una premisa que debe marcar la visión y relación con ellos. En las últimas décadas, como sujetos políticos, los pueblos indígenas han alcanzado importantes éxitos en las diferentes estructuras locales e internacionales respecto al reconocimiento de sus derechos. Avances constitucionales, desarrollos legislativos, instrumentos internacionales de derechos humanos, estrategias de cooperación, son prueba de esto que ahora reafirmamos. Pero la gravedad de estos tiempos pone en cuestión todos esos avances si no se articulan las políticas y medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos conseguidos y enfrentar la amenaza de la pandemia.
El avance de la COVID-19 nos está reafirmando en este postulado. La especificidad de los pueblos indígenas está suponiendo también que esta pandemia no solo les afecta de forma concreta sino que, en algunos casos, puede llegar a suponer su práctica desaparición física.
Nos llegan información y llamamientos a la solidaridad desde los pueblos amazónicos de Brasil, Ecuador o Perú en los que nos insisten en el riesgo de que la pandemia les afecte de forma más virulenta por su débil sistema inmunológico hacia este tipo de pandemias y por las escasas medidas de prevención o de tratamiento de la enfermedad que adoptan los gobiernos de estos países. Además, si bien las políticas de gobiernos como el brasileño o ecuatoriano están siendo altamente cuestionadas por su forma de no enfrentarse al coronavirus dejando a la totalidad de la población totalmente desprotegida, en casos como estos, respecto a los pueblos indígenas las actuaciones rozan el genocidio al negar ayuda y prevención. Son de sobra conocidos los planteamientos racistas del presidente Jair Bolsonaro en Brasil respecto a su consideración de los indígenas como no humanos y como un sector poblacional que debe desaparecer, cuando menos en lo que tiene que ver con sus derechos, para evitar obstáculos a la destrucción del Amazonas, que él denomina como desarrollo.
En estos días también nos llegan informaciones de Centroamérica. En Guatemala, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei dicta férreos confinamientos y toques de queda que afectan directamente a la supervivencia de la población. Prohíbe el desplazamiento a los centros urbanos para que la población indígena pueda vender sus productos agrícolas, única vía de sustento, mientras da libertad al movimiento de la llamada comida basura o de otras grandes empresas locales y transnacionales que explotan los recursos naturales. Asfixia la única vía de subsistencia de la mayor parte de la población indígena del país y reprime cualquier protesta.
Bolivia, después de seis meses transcurridos del golpe de estado de Jeanine Añez, este país se ve envuelto en la incompetencia absoluta de sus gobernantes ante esta situación, la cual se mezcla con altos niveles de corrupción y de destrucción del sistema económico que había elevado las condiciones de vida de la mayoría de la población indígena del país. La represión policial y militar, que no ha desaparecido en estos meses, hoy crece, se hace más palpable y se extiende más que nunca en un intento por aferrarse a ese poder usurpado.
En Colombia, uno de los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, las restricciones impuestas para contener la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque han disminuido los esquemas de cobertura estatal hacia ellos y el gobierno no promueve estrategias de protección colectiva para las comunidades en situaciones de riesgo. Para hacer frente a la emergencia sanitaria, los pueblos indígenas han adoptado sus propias medidas de control y aislamiento territorial, que limitan la movilidad de los diferentes actores –legales o ilegales– presentes en los territorios. En áreas como los departamentos del Cauca y Antioquia, esta situación ha recrudecido las violaciones de los derechos humanos contra personas y comunidades indígenas.
En estos y otros muchos países (Perú, Chile, Honduras…) la represión gubernamental se ha multiplicado con medidas ligadas a la seguridad, cuando la población lo que necesita son medidas sociales, de cuidados y preventivas de salud para poder enfrentar la amenaza que supone esta pandemia. Tenemos que recordar que las políticas desarrolladas durante los últimos años en muchos de estos países han desmantelado, o no desarrollado, los servicios públicos de salud y de atención social, con un agravante añadido inocultable para las mujeres y los pueblos indígenas. Pues bien, viendo lo que esta pandemia ha supuesto a los países europeos, es fácil deducir lo que puede suponer su ataque virulento sin medidas adecuadas en las poblaciones de América Latina; e insistimos, el riesgo aumenta respecto a los pueblos indígenas.
Por todo ello, solicitamos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y a través suyo al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a las diferentes Agencias de Cooperación Internacional autonómicas, puedan articular políticas que coadyuven a enfrentar esta situación. De una parte, en el ámbito institucional, el estado español, gobierno central y autonómicos pueden ejercer su labor diplomática y política hacia los gobiernos latinoamericanos para que éstos articulen las medidas necesarias a fin de prevenir la afección del coronavirus en los pueblos indígenas desde el respecto a sus derechos individuales y colectivos. De otra parte, esperamos que en este presente y en el futuro cercano se puedan redoblar los marcos de cooperación y solidaridad específica con estos pueblos indígenas desde la consciencia de que hablamos de poblaciones en alto riesgo ante la pandemia y ante la violación sistemática de sus derechos.
Hoy la solidaridad y la cooperación son más necesarias que nunca en este mundo y cuando se extiende el objetivo de que la salida de esta pandemia no puede dejar a nadie atrás, sin duda, hablamos de nadie en la globalidad del planeta. Y como repiten los pueblos indígenas y cada vez más organizaciones sociales del mundo la Vida debe estar en el centro.
Estado Español, 25 de mayo de 2020